España

Rita Barberá bajo investigación por El Supremo por blanqueo de capitales

El Tribunal Supremo investigará a la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP Rita Barberá por supuesto blanqueo de capitales con relación a la operación Taula. Así lo acuerda la Sala Segunda en un auto en el que abre causa contra ella y designa instructor a Cándido Conde-Pumpido.
La investigación deriva de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, describiendo rastros contra la aforada Rita Barberá en un supuesto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Municipio de Valencia cuando ella era alcade. La Fiscalía apoyó, en informe del pasado 27 de julio, la apertura de la investigación y la designación de instructor.
El auto destaca que la exposición razonada del juez del ‘caso Taula’ apunta que Barberá “fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de mil euros” a una cuenta no fiscalizada del PP de València, y que “resultaría incoherente” imputar al resto de los aportantes y no hacer lo mismo con Barberá. El magistrado destaca también la situación de “superiora jerárquica” de la principal investigada del caso (la secretaria del conjunto desde mil novecientos noventa y uno, Mari Carmen García-Fuster), con la que destaca que le unía “una relación personal de angosta confianza”.

El Pitufeo y rita Barberá

En la investigación judicial abierta en Valencia figura una cuenta del Banco Sabadell a nombre del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia en la que se habrían efectuado aportaciones, por importe de 1.000 euros, por parte de cincuenta personas vinculadas al conjunto y al partido, entre el 23 de marzo y el dieciseis de abril de dos mil quince, entre ellas la propia Barberá.
La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del ‘caso Imelsa‘, en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (por medio de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (por medio de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en el mes de abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.

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