Granada | Provincia
La Fiscalía recurre la sentencia del Caso Nevada para pedir penas mayores para los acusados
para el ex alcalde y ex edil de urbanismo principalmente
Efe
La Fiscalía Provincial de Granada ha presentado un recurso contra la sentencia del Caso Nevada para reiterar la petición que hizo en su informe definitivo durante el juicio, en el que solicitaba penas mayores para los principales acusados, el ex alcalde de Armilla y el ex edil de Urbanismo.
En el recurso, el Ministerio Público mantiene su petición de demolición total o parcial del centro pero deja abierta la posibilidad de un acuerdo extrajudicial siempre que compense la responsabilidad civil y esté aprobado por la Junta de Andalucía en materia urbanística y ambiental, según han informado hoy a Efe fuentes judiciales.
Además solicita un año y cuatro meses de cárcel o alternativa de 2.880 euros para el ex alcalde Antonio Morales Cara y el ex edil Gabriel Cañavate, que se suman a la solicitud de otros dos años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 10.800 euros por delitos contra la ordenación del territorio e infidelidad en la custodia de documentos públicos.
El PP también anunciado hoy el recurso contra la sentencia del Caso Nevada pidiendo un aumento de las condenas para el ex alcalde, el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, y para el promotor del centro, Tomás Olivo, además de que no se absuelva al resto de concejales del PSOE
La sentencia del caso Nevada condena a siete meses de cárcel y siete años de inhabilitación a Morales Cara y Gabriel Cañavate, y acuerda demoler una pequeña parte del inmueble por invadir zonas verdes.
Además condena a Tomás Olivo, promotor del centro a través de la empresa General de Galerías Comerciales, a siete meses de cárcel e inhabilitación y multa de 7.800 euros por un delito contra la ordenación del territorio por la construcción, en zona verde, de una parte del centro que el juez ordena demoler con cargo al empresario.
Se absuelve además al ex alcalde y al ex edil de Urbanismo que se enfrentaban a más de tres años de cárcel y 20 de inhabilitación, de los otros dos delitos que les atribuía el fiscal: infidelidad en la custodia de documentos y un segundo delito de prevaricación urbanística por la aprobación del plan parcial.
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