Granada

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Ana Orantes y la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 que ella no tuvo

miércoles, 25/11/2009 07:50

 Enviar Imprimir  María Gracia López

Se estima la época de la Transición y los primeros años de la Democracia como el momento en el que empiezan a consolidarse los derechos de la mujer en España. Y sin embargo, mujeres que llegaban a casa de votar en las primeras elecciones, de una jornada de trabajo en su negocio (antes no podían ser propietarias de una empresa) o de contratar a un abogado para tramitar los primeros divorcios que se daban entonces, podían ser recibidas con una paliza, maltrato psicológico o, incluso, una muerte violenta. ¿Se ha avanzado en violencia de género lo mismo que en todo lo demás?


El año de 1997 estaba a punto de cerrar cuando sumó un caso más a la estadística de víctimas mortales a manos de sus parejas o ex parejas: el de la granadina Ana Orantes, golpeada por su marido antes de rociarla con gasolina y quemarla en el patio de su casa en Cúllar Vega en venganza por haber contado en un programa de televisión su calvario de 40 años de maltrato continuado.

Tras la conmoción social que se originó y la difusión que sobre el suceso dieron los medios de comunicación, el Gobierno de entonces comenzó una serie de reformas en el Código Penal en materia de violencia de género que afectaron a las medidas de alejamiento, los tipos de penas o una aplicación más rigurosa de éstas. El proceso culminaría con la aprobación, en 2004, de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, explica Carmen Solera, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Granada. Un instrumento que no sólo aborda, entre otros asuntos, la protección hacia la mujer, sino la prevención y la coordinación entre instituciones, a través de una normativa a la que se dotó del máximo rango, la de Ley Orgánica, destaca.

Para Solera ha sido el principal hito en los últimos años a nivel legislativo, ya que, aunque se recogían anteriormente en el Código Penal, estas cuestiones relacionadas con la violencia contra las mujeres tenían, a su juicio, una aplicación “muy deficiente” en los tribunales. De hecho, Ana Orantes había denunciado al que sería su asesino pero convivía con él en su propia casa por orden del juez.

Sin embargo, su caso, explica Solera, fue diferente, fue “algo nuevo”, porque hasta entonces la violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas “se ubicaba en el ámbito privado”, circunstancia así vista por la mayoría de la sociedad. Hasta que esta vecina de Cúllar Vega “habló, por primera vez en público, de su caso, de sus malos tratos por parte de su marido, y en un programa de televisión, denunciando que era una víctima y que recibía amenazas de su marido”.

El paso adelante que dio Ana Orantes lo fue para el resto de las víctimas de la violencia de género, y lo será para las generaciones posteriores. Pero no para ella: “Lo terrible –recuerda Carmen Solera- es que esas amenazas se cumplieron”.

Y algo empezó a cambiar desde entonces: “La sociedad comenzó a comprender que los malos tratos hacia las mujeres no debían de publicarse exclusivamente en las páginas de sucesos de los periódicos, sino que se trataba de un problema social, y que como tal, debía salir al ámbito público y tratarse  como una lacra de la sociedad”, explica.

Primeros pasos


En 1989 se creó el Instituto Andaluz de la Mujer que, recuerda su coordinadora provincial en Granada, es un organismo autónomo de la Junta de Andalucía que se encargaría de “impulsar y coordinar las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, además de “vincular una parte del movimiento feminista con las políticas estatales y autonómicas de promoción de las mujeres”. También entre sus cometidos está el de disponer de recursos a las mujeres que sufren la violencia machista.

Así, junto a una red de servicios municipales y provinciales que informan y asesoran a la mujer en muchos aspectos de su vida (empleo, cuestiones jurídicas, participación social y cultural…), se establecen planes de Acción contra la Violencia y una red de Atención y Acogida a Víctimas de la Violencia de género.

Durante los años 1998 y 1999 se puso en marcha en Andalucía el que sería uno de los proyectos más importantes, según Solera, el Primer Plan de Acción contra la violencia, cuya estructura y medidas “han sido un referente a nivel nacional”, ya que la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 las recoge y mantiene.  
En 2003 se había dado luz verde a la ley reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, y en 1995, a una normativa que prescribía ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

En Andalucía se promulgaron en 2007 dos normativas autonómicas: la Ley de Promoción de Igualdad de Género y la Ley de Medidas de prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género.
Pero Solera destaca asimismo otros avances: el “trabajo desde los municipios” y el “grado de implicación” que en “tan poco tiempo” han desarrollado los ayuntamientos, desde los servicios sociales a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, etc. Y “desde luego”, el de la propia sociedad en general: “Cada vez hay más rechazo y se responde mejor a las campañas de sensibilización que realizamos”, añade.

Granada destaca por ser la provincia española donde menos se retiran las denuncias por malos tratos, lo que significa, a juicio de la coordinadora del IAM, que las mujeres víctimas de la violencia que han denunciado están siendo “informadas y asesoradas”. De hecho, Solera incide en la importancia de recabar ayuda, asesoramiento y apoyo en los centros provinciales antes de poner una denuncia.

Insta igualmente a las víctimas a “romper el vínculo afectivo” con el maltratador, ya que “de la violencia se puede salir”, y su entorno –familiares y amigos- para que las animen a tomar “las medidas necesarias”. El lema del 25 de noviembre de este año es ‘Cerrar la puerta al maltrato también es tu responsabilidad’, con el que se insta al resto de la sociedad a seguir dando pasos adelante como el que dio Ana Orantes, ella sola.



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Comentarios Comentarios (1)
M.C.R. | miércoles, 25/11/2009 11:30

Se debería concienciar a algunas personas que no todo vale cuando se trata de esto. Conozco a personas (muy a mi pesar), que creen que dentro de la familia se crea un vínculo de propiedad y que se adquieren unos derechos inalienables. Es más, se puede hacer absolutamente todo y nadie tiene porqué intervenir. Y para colmo te miran como si fueras una delincuente por el hecho de denunciar dicha situación. En este caso era maltrato a una menor y una vecina recriminó mi actitud diciéndome que yo era una maltratada y que no tenía ningún derecho. Lo peor es que me lo dijo como insulto. ¿No habría que reeducar tambíen a estas personas que luego van por la vida como las familias perfectas?.

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