Economía

El Gobierno tiene previsto aprobar un procedimiento extrajudicial obligatorio para las cláusulas de suelo

El código de buenas prácticas ideado por el Gobierno de Rajoy que buscaba aligerar la devolución del dinero que los bancos cobraron de forma irregular con la aplicación de cláusulas suelo excesivas en las hipotecas, no contó con el apoyo del PSOE, ya que los socialistas lo consideraron favorable a las entidades bancarias y exigían además fuese aprobado como proyecto de ley, además los bancos involucrados en este tema descartaron adherirse a este protocolo por considerarlo inasumible.

Ahora, de acuerdo a fuentes cercanas al Gobierno, el Ejecutivo ha descartado este protocolo de adhesión voluntaria y tiene previsto la aprobación de un procedimiento extrajudicial, por vía de decreto real, en la reunión interministerial que se realizará el 13 de enero. De aprobarse implicaría su cumplimiento obligatorio. Aunque es muy factible que dentro del mismo se incluya un margen para abrir un proceso de negociación entre la banca y los clientes afectados.

El nuevo procedimiento, al igual que el anterior plan, establecerá los lapsos de tiempo y las garantías necesarias que regularán la devolución del dinero cobrado de manera irregular. De acuerdo al Ministerio de Economía el objetivo central es dar celeridad a la resolución de las reclamaciones y disminuir la cantidad de litigios. Los detalles particulares del nuevo plan del Ejecutivo se están estudiando de manera conjunta por los ministerios de Economía y de Justicia.

Vale destacar que uno de los motivos que obligó a la revisión de los planes iniciales, de acuerdo a lo informado por fuentes financieras, fue rechazo de las instituciones financieras, ya que la banca privada considera que a pesar del carácter voluntario del plan, este les obligaba a declarar como nulos la totalidad de los contratos, por lo tanto debían devolver de inmediato todo el dinero, lo que los imposibilitaba de realizar negociaciones particulares para cada caso en las pudiesen defender los derechos de la institución y de sus accionistas.

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