El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Granada, José María Pacheco, que investiga la causa iniciada a raíz de una denuncia de la Fiscalía contra el líder de una comunidad hinduista por asociación ilícita y contra la integridad moral, ha rechazado el embargo de sus bienes y la retirada de su pasaporte.

Fuentes judiciales han indicado a Efe que estas medidas cautelares rechazadas habían sido solicitadas por el Ministerio Público en su denuncia contra Antonio Javier R.P., de 51 años, como presidente de “Casa Yoga”.

Las fuentes han precisado asimismo, como adelanta hoy Ideal, que el magistrado ya ha tomado declaración o interrogado a “buena parte” de la veintena de personas previstas inicialmente, en su mayoría denunciantes.

Según la Fiscalía, el denunciado persuadió, engañó y presionó a sus miembros para conseguir su sumisión y beneficiarse económica y sexualmente.

Así se recogía en un decreto del Ministerio Público, al que tuvo acceso Efe, que se produjo después de que en junio el fiscal abriera una investigación penal a raíz de la denuncia presentada por el Defensor del Ciudadano de Granada, quien a su vez había recogido los testimonios de diversos familiares de afectados y exadeptos.

La acusación pública relata que el denunciado, como presidente de “Casa Yoga”, inscrita como “Vaidika Partisana Sangha, comunidad hinduista de la Rama Vedica de España”, y valiéndose de las personas que componían la estructura asociativa, captó personas en satisfacción de su interés personal.

Para ello, explicaba el fiscal, usó como reclamo “el atractivo de la religión”, la cultura hinduista y ofrecía inicialmente “el señuelo” de favores y ayudas desinteresadas “aprovechando en muchas ocasiones la debilidad” de quienes acudían con problemas de tipo familiar, laboral, psicológico, educativo e incluso físico.

De esta manera, como “líder” de la comunidad, utilizó técnicas de de “persuasión coercitiva” en el grupo y consiguió el control y la alteración de la personalidad de quienes en cada momento la formaban, “ocasionando a cada uno de ellos graves trastornos psicológicos”, indicaba el decreto.

Entre las técnicas y los actos que relataba el fiscal se encontraba el hecho de haber cambiado la dieta alimenticia de sus miembros, no permitirle más de una comida al día, limitarles las horas de sueño o imponerles “una actividad frenética” con deberes y responsabilidades “constantes” en los que existía incluso “contratos de esclavitud”.