Foto: Diputación

La Diputación se personará en la investigación penal abierta por la Fiscalía Superior de Andalucía para aclarar la gestión del proyecto Mercamed. La intención no es otra, según ha explicado hoy en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno, José Torrente, que “aportar la máxima claridad en el dispendio de tres millones de euros” en la organización de la feria empresarial de Marruecos que el anterior equipo de Gobierno promovió en el marco del programa Poctefex (Magrec y Mercamed). Con el objetivo de aportar transparencia y “llegar hasta el final”, la institución provincial ha contratado los servicios de un abogado penalista para asegurar la defensa jurídica de sus intereses.

Torrente ha criticado la negativa de Izquierda Unida a apoyar esta iniciativa, que sí recibió el apoyo del PSOE, cuando “siempre han vendido que pretendían ser exquisitos con la transparencia” en la investigación de la gestión de estos proyectos en la feria de Marruecos en cuya organización se encontraron facturas dobles e “irregularidades manifiestas que están siendo investigadas por la Fiscalía Superior de Andalucía”.

“Tres millones de euros de presupuesto en este programa Poctefex es capital suficiente para justificar que estemos intentando aportar máxima claridad y transparencia a la investigación sobre su gestión”, ha señalado Torrente quien ha incidido en que el actual equipo de Gobierno “llegará hasta el final en este caso”.

En caso de que la Abogacía de la institución provincial tuviera que hacerse cargo de este asunto “podrían surgir conflictos” derivados de que “compañeros de trabajo tuvieran que estar luchando contra compañeros de trabajo” en los tribunales como consecuencia de la supuesta gestión irregular de los fondos de la feria de Marruecos promovida por IU.

La ratificación por el pleno provincial de esta asesoría jurídica, a la que IU se opuso, garantiza que no habrá “ningún tipo de incompatibilidad ni de problema jurídico que pudiera invalidar aquella acción o acusación del representante jurídico de la Diputación” en la defensa de los intereses provinciales en el caso Mercamed que es objeto de investigación por la Fiscalía Superior de Andalucía en un proceso en el que Diputación se personará como acusación particular.

“Pretendemos ir hacia delante con todos los pasos bien dados, intentando que en el expediente se persone la Diputación, conocer las investigaciones de la Fiscalía y aportar la necesaria transparencia y claridad en el desarrollo de la investigación y las posibles acusaciones en su caso”, ha señalado Torrente antes de dejar en evidencia la postura de Izquierda Unida a cuyas filas pertenece Julio Bernardo, el exvicepresidente y diputado responsable del Poctefex cuando se organizó la feria de Marruecos que ha provocado esta investigación judicial.

Tras destaparse el escándalo que implica irregularidades en la gestión de hasta tres millones de euros, “IU siempre ha vendido que pretendían ser exquisitos con la transparencia en la investigación de este caso y, sin embargo, sorprendentemente, ayer, no estuvieron de acuerdo con este asesoramiento externo por un abogado experto penalista”, ha destacado el portavoz quien ha añadido la contradicción que supone el que “votan en contra de la contratación a la vez que exigen claridad”.

“Nos preguntamos si tienen miedo de que podamos investigar y de saber hasta dónde podemos llegar”, ha afirmado también Torrente quien ha enfatizado que “la orden que tenemos todos los representantes políticos es la claridad en la gestión de los fondos públicos, se gobierne o no se gobierne”.

La investigación también dilucidará “dónde gastamos y con qué intenciones” los fondos del Poctefex pues se ha demostrado que en el anterior mandato, con gobierno de PSOE e IU, “hemos ido hacerlo donde peor ha podido salir” por dar una “apariencia de solidaridad” con Marruecos. “En Granada hay muchísimas oportunidades donde promover y muchísimas necesidades que cubrir”, ha señalado Torrente a este respecto.

El equipo de Gobierno del PP en la Diputación abrió un expediente informativo tras conocerse la existencia de facturas dobles en la contratación de servicios no efectuados para la feria empresarial organizada por el anterior equipo de Gobierno en Marruecos, así como las irregularidades y gastos pendientes de justificar que han provocado reclamaciones de trabajadores y empresarios de Marruecos por supuestos servicios prestados sin base contractual alguna.

Este expediente informativo está en marcha en su fase de obtención de documentación si bien se ha suspendido para no interferir en la acción de la Fiscalía en sus investigaciones. El objetivo es “llegar hasta el final junto con la Fiscalía” y que “todos los que puedan ser responsables paguen su culpa, devuelvan lo injustamente cobrado para así devolver la confianza a los ciudadanos hacia la institución provincial”.